La oposición de Leopoldo del Pino pone en riesgo el proyecto de llevar Ferrovial a Países Bajos

El presidente y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, se ha encontrado con un opositor no previsto (aunque tampoco nuevo) a su proyecto de trasladar la empresa a los Países Bajos. Su hermano Leopoldo, titular del 4,154% de las acciones de la constructora, puede echar al traste el proyecto duramente criticado desde el Gobierno. Tal como anunció el viernes, el cuarto de los cinco hermanos Del Pino prevé votar en contra del traslado en la junta de accionistas convocada para el 13 de abril. Su oposición al proyecto podría provocar que la sede de Ferrovial continúe en España dado que su participación (más de 800 millones) supera con creces los 500 millones de inversión máxima que la empresa se autoimpuso.

De hecho, según la primera de las cláusulas suspensivas del proyecto, la compañía renunciará a su traslado de sede siempre que: «La obligación económica de Ferrovial derivada del ejercicio del derecho de separación previsto en el artículo 62 LME [Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles], incluidas tanto las cantidades que haya de pagar a los accionistas que lo ejerciten como cualesquiera otras que hubiera de pagar a terceros en relación con dicho ejercicio, no exceda de quinientos millones (500.000.000) de euros».

Leopoldo del Pino es titular de un paquete de acciones que roza los 807 millones de euros según la valoración que la propia Ferrovial ofrece a los accionistas que opten por ejercitar su derecho de salida: 26,7 euros por acción (el viernes, tras perder el 3,23%, los títulos de la constructora cerraron a 26,37 euros).

Hermano del presidente de Ferrovial (el cuarto de cinco), Leopoldo del Pino es el cuarto accionista del grupo con un 4,154% del capital a través de la patrimonial Siemprelara. Según diversas informaciones, su postura inicial es votar en contra del traslado de la sede social del grupo a los Países Bajos en la próxima junta de accionistas que se celebrará en Madrid el 13 de abril.

Sin embargo, no parece que a priori tenga intención de acogerse al derecho de separación que ofrece Ferrovial a los accionistas que no estén de acuerdo con el traslado de sede: 26,0075 euros por título.

Leopoldo del Pino disfruta actualmente de una moratoria fiscal hasta 2024, que perdería en el caso de que la constructora deje de ser española. La  moratoria está prevista para grandes inversores en función de su porcentaje accionarial o del valor de su inversión.

Sin embargo, Ferrovial podría renunciar a las condiciones suspensivas y elevar por encima de los 500 millones el máximo fijado para los derechos de separación.

Diferencias entre hermanos

Leopoldo del Pino ha sido el más crítico de todos los hermanos con la gestión que el primogénito de la familia y presidente de la compañía ha desarrollado en Ferrovial. De hecho, en 2009, Leopoldo reducía su participación a menos del 5% en una colocación acelerada entre inversores institucionales como consecuencia de la salida de Joaquín Ayuso (consejero delegado) y Santiago Bergareche (vicepresidente).

Además de Leopoldo, en el capital de la empresa figuran también su hermana María (consejera) con el 8,2% de las acciones y el propio Rafael del Pino con el 20,4%, que mantiene a través de la instrumental neerlandesa Rijn Capital.

Uno de los principales puntos de discusión entre los hermanos Del Pino han sido sus distintas visiones -a veces encontradas- de por dónde debe ir la compañía. Sus diferencias trascendieron los despachos de la constructora en 2006 cuando la entonces principal sociedad de cartera de la familia, Casa Grande de Cartagena, vendió a Portman Baela (otra patrimonial de los Del Pino) el 17,77% que controlaba en Ferrovial.

Para evitar pagar a Hacienda cifras millonarias por las plusvalías que esa transacción afloraba, los hermanos decidieron invertir en sociedades cotizadas. Según la normativa de la época, adquirir el 5% de una cotizada ofrecía interesantes beneficios fiscales. Eso llevó a los Del Pino a hacerse con participaciones del 5% de Acerinox, Gamesa, Indra, Ebro, Banco Pastor y Dinamia, de las que saldrían tiempo después con cuantiosas minusvalías.

Además de esas participaciones, María y Joaquín del Pino controlaban otro 1,209% a través de Casa Grande de Cartagena, la patrimonial original de la familia de la que se marcharon varios de sus hermanos.

De la sociedad de cartera madre, Casa Grande de Cartagena, se hicieron colgar otras sociedades de inversión de capital variable (sicav), Tosqueta y Swift, que la familia constituyó para reordenar las participaciones que habían adquirido. Tosqueta está presidida por Leopoldo, el mediano de los hermanos, y cuenta con un capital máximo de 100 millones de euros; lo que la coloca como una de las mayores sicav de la familia Del Pino, por detrás de Allocation y Swift, con 300 millones cada una; y de Chart, que tiene 160 millones.

Se da la circunstancia de que tanto Tosqueta (creada en 2013) como Swift (fundada en 2008) están presididas por Leopoldo del Pino. Su hermano Joaquín está al frente de las sociedades de cartera más antiguas: Addition, Allocation y Keeper, todas ellas constituidas en la década de los 90; además de Chart, constituida en 2006.

No obstante, la crisis más fuerte en la familia se produjo en 2015 cuando los hermanos rompieron su pacto accionarial y se repartieron el 40% de la compañía que había fundado su padre. En ese momento, todos los hermanos, salvo Fernando -vendió sus acciones- acordaron gestionar individualmente sus respectivas participaciones. De ese modo, Leopoldo traspasó el 8,29% que le correspondía de Ferrovial a su patrimonial Siemprelara; María llevaba su 8,090% a la instrumental Menosmares; mientras Joaquín colocaba en Soziancor su 2,524%.

El traslado de la compañía a los Países Bajos y el posterior salto al mercado de Wall Street ha sido mayoritariamente bien recibido por los principales accionistas de Ferrovial que recibieron con subidas de cotización el proyecto. Entre ellos, el fondo TCI, que ha elevado su participación en el grupo a más del 7% tras adquirir el 1% por cerca de 191 millones de euros.

Además, en el accionariado de Ferrovial también figura BlackRock con el 3,17%, instituciones como Lazard, con algo más del 3% e inversores como Chris Hohn, con el 6,45%.

A la bronca política desencadenada por el anuncio de Ferrovial le ha sucedido un progresivo cambio de actitud del Gobierno como el mostrado el viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño, que habló de «buscar salidas» a la situación creada.

Calviño aseguró que el Gobierno seguirá trabajando junto a los supervisores de los mercados financieros para impulsar los cambios que puedan ayudar a evitar la salida de Ferrovial de España. «Si hubiera cualquier aspecto en el que el Gobierno pueda ayudar a que esa decisión no se materialice, seguiremos trabajando mano a mano con el resto de las instituciones en el ámbito financiero y, por supuesto, con la empresa, como con todas las empresas españolas, para fomentar e impulsar que pueda acceder a las mejor fuente de financiación en nuestro país», dijo.